Jueves, 19 de Octubre de 2017

Armas

ANMaC

ANMaC y el negociado con los psicofísicos.

Favor macrista: empresa cuestionada por las licencias docentes suma negocios millonarios.
Se trata de Dienst Consulting. Está en la mira por diversos escándalos, como la utilización de facturas truchas y el descontrol de las licencias a los educadores. Le extendieron el convenio en la Dirección de Escuelas bonaerense, se quedó con la emisión de certificados psicofísicos para usar armas y le adjudicaron un opulento contrato en la Policía porteña.

30.04.2017

Gambaro no quiere hacer declaraciones

Ante una consulta de Hoy, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados informaron que Gambaro “no realizará declaraciones públicas” sobre la contratación de Dienst Consulting. Desde ese organismo intentaron defender la operación al asegurar que desconocían las irregularidades que presentaría la compañía. 

“Al concurso público realizado por Anmac para la contratación del servicio de otorgamiento de certificados psicofísicos se presentaron tres oferentes, de los cuales uno cumplió con la totalidad de los requerimientos, ganando el mismo. En las dos instancias de impugnación no se registraron objeciones de ninguna naturaleza, ni por los otros concursantes ni por terceros”, agregaron.


Gambaro es una exdiputada nacional referenciada con el actual ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Al igual que su jefe político, formó parte de la gestión de Daniel Scioli y fue nombrada como interventora de la Fundación Felices los Niños.
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Lo que hay con esas licencias (de docentes de las escuelas públicas) es un abuso porque si uno mira el ausentismo de los policías, si uno mira (sic) el ausentismo de los enfermeros, si uno mira (sic) el ausentismo de los mismos docentes dentro de la escuela privada, son niveles más bajos. Hay un abuso objetivo de esas licencias”, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado 29 de marzo, en momentos en que desde el Ejecutivo provincial se informaba el pago a educadores de premios por presentismo.

Al analizar las causas del ausentismo docente, aparece que el contralor de las licencias en la Dirección General de Cultura y Educación está a cargo, desde el año 2009, de una empresa llamada Dienst Consulting SA. Se trata de una compañía que entró por la ventana a la administración pública mediante una contratación directa, sin llamado a licitación. Esa resolución fue objetada en aquel entonces por el gremio Soeme, cuyos representantes letrados llevaron el reclamo a la Justicia en lo Contencioso Administrativo. 

Se trata de un negocio por demás suculento. Actualmente la Provincia destina 150 millones de pesos por año a esta compañía para que realice una tarea que debería estar a cargo del Estado bonaerense, tal como lo establece la normativa vigente. 

Hay números que hablan por sí solos: tras ocho años de gestión tercerizada, el propio gobierno alerta que los niveles de ausentismo en territorio bonaerense se ubican en torno al 17%, un índice inédito que supera ampliamente la media del país. 

Según pudo saber diario Hoy, el actual titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, tuvo la oportunidad de ponerle fin al vínculo con Dienst Consulting, heredado de la anterior gestión. Pero optó por otro camino. Le extendió el contrato por un año y a cambio le exigió una serie de mejoras como el reemplazo de algunos profesionales, la puesta en funcionamiento de más consultorios y la creación de un nuevo Centro de Juntas Médicas en San Justo. Se prevé que recién a fines de 2017 se convoque a una nueva licitación.

Ahora bien, la inconsistencia mayor se registra cuando se compara la voluntad política que viene manifestando la gobernadora para transparentar el régimen de licencias con algunas acciones que realiza el macrismo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 4 de abril, la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Renar), Natalia Gambaro, le adjudicó a Dienst el contrato para la prestación “del servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credencial de legítimo usuario de armas de fuego”.

A partir de esta contratación, cada trámite pasó de tener un costo de entre $600 y $800 a $4.500 en un país como la Argentina, que tiene un total de 2 millones de armas declaradas. Así, los certificados de aptitud psicofísica, que tienen una duración de 5 años, podrían convertirse en una caja política millonaria. 

Y, a su vez, se configura un servicio monopólico que quedó en manos de Dienst Consulting, poniendo fin a un esquema que permitía a profesionales de todo el país, debidamente habilitados, emitir la certificación psicofísica. Además, ahora la prestación del ex-Renar quedó circunscrita a determinadas ciudades del país, constituyendo un serio riesgo, ya que ante la imposibilidad de hacer adecuados controles podría incrementarse el uso de armas ilegales.

Irregularidades por doquier

En el año 2014, Dienst Consulting fue incluida por la AFIP en un listado de empresas que habrían utilizado facturas truchas. Eso no es todo, también aparece en los registros de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires) a raíz de la falta de presentación de declaraciones Juradas. 

Ello no impidió que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, el pasado 2 de noviembre, le sirviera en bandeja un suculento negocio por $35,6 millones para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y elaboración de informes socioambientales de la Policía Metropolitana”.

Cabe recordar que en noviembre pasado se produjo la fusión entre la Metropolitana y la Policía Federal, asumiendo como jefe de la fuerza, José Pedro Potocar, quien el pasado martes quedó preso a raíz de una investigación llevada adelante por fiscal José María Campagnoli vinculada con prácticas de recaudación ilegal.

Vulneración de derechos

En la demanda presentada por el Soeme ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata se objeta la contratación de Dienst Consulting debido a que “vulnera el derecho de los trabajadores de ser sometidos al control médico que al efecto, y por imperio de ley (10.430 y Decreto Reglamentario 4161/96), debe llevar la autoridad pública con competencia legal exclusiva para ello, es decir, la Dirección Provincial de Reconocimientos Médicos”.

Causa Freiler

Como si todo esto fuera poco, la empresa Dienst Consulting también aparece mencionada en el proceso que se le sigue al camarista K, Eduardo Freiler, en el Consejo de la Magistratura.

A pedido del consejero Pablo Tonelli, instructor en la investigación sobre Freiler, la comisión de Acusación y Disciplina aprobó pedir informes a los registros de la Propiedad de Capital Federal y Provincia sobre el camarista y sus familiares más cercanos. El requerimiento abarca los últimos 15 años. Entre las 28 medidas de prueba, figura un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre sociedades donde figuren los investigados, y destaca los casos de Minning Pride SA y Dienst Consulting SA.

Gambaro no quiere hacer declaraciones

Ante una consulta de Hoy, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados informaron que Gambaro “no realizará declaraciones públicas” sobre la contratación de Dienst Consulting. Desde ese organismo intentaron defender la operación al asegurar que desconocían las irregularidades que presentaría la compañía. 

“Al concurso público realizado por Anmac para la contratación del servicio de otorgamiento de certificados psicofísicos se presentaron tres oferentes, de los cuales uno cumplió con la totalidad de los requerimientos, ganando el mismo. En las dos instancias de impugnación no se registraron objeciones de ninguna naturaleza, ni por los otros concursantes ni por terceros”, agregaron.

Gambaro es una exdiputada nacional referenciada con el actual ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Al igual que su jefe político, formó parte de la gestión de Daniel Scioli y fue nombrada como interventora de la Fundación Felices los Niños.

 
FuenteHOY (colaboración de Pablo Crespo)

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