Jueves, 19 de Octubre de 2017

Inform. General

OPI Santa Cruz

Argentina, uno de los países más restrictivos para la compra y tenencia de armas

De manera recurrente y como siempre digo, en un país espasmódico como el nuestro, los temas planteados en la agenda del periodismo nacional tiene que ver con los impulsos sociales de las noticias y el último triste acontecimiento del tirador de Las Vegas, volvió a traer a la mesa de discusión la compra y tenencia de armas e inmediatamente algunos colegas nacionales, dotados de una enorme ignorancia en el tema, aludieron de manera equivocada a cuestiones básicas que tienen que ver con la legislación nacional y en los requisitos existentes en Argentina para adquirir un arma, hablando siempre y exclusivamente, dentro del marco legal.
Por: Rubén Lasagno (OPI Santa Cruz)

05.10.2017

Indudablemente la sociedad está dividida entre los pro-armamentistas y los anti-armamentistas y esta no es la cuestión a discutir en este caso. Queremos significar aquí, para desasnar a quienes hablan sin conocer del tema, que Argentina es uno de los países con mayores requisitos exigibles a la hora de que un ciudadano desee adquirir un arma de fuego.

En el continente, exceptuando Chile que posee normas restrictivas constitucionales y lo lleva incorporado como una cuestión cultural, Argentina posee un sistema registral sumamente intrincado, con exigencias médicas, de aptitud, de seguridad y personales, como en pocos países tienen en vigencia. Solo en aquellos países europeos que en los últimos diez años han vivido masacres similares a los de nevada, han endurecido su legislación (Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia) pero el nivel de exigencia nacional sale de la media de los países en desarrollo como el nuestro y está considerado un sistema sumamente adecuado para los tiempos que corren y por sobre algunos países desarrollados democráticos.

Ahora bien, las fallas de este sistema son inherentes al Estado y no podemos culpar, exclusivamente a la sociedad y muchos menos, cargar por todos los males y defectos del sistema, incluyendo la inseguridad, sobre los Legítimos Usuarios.

Para nos desviarnos del tema, vamos a contabilizar aquí, todos los requisitos exigibles en nuestro país para alguien que en algún momento decida tener un arma, ya sea para la práctica de un deporte, la caza o la defensa de su hogar. esto sesguramente va a extender la nota, pero es necesario acerecarle al lector todos los mecanismos que se deben sortear para que un ciudadano adquiera un arma y no sea influido por aquellos de pensamiento minimalista y reduccionistas crónicos, que hablan desde un atril sin ajustarse a la verdad de los hechos.

Quien concentra el poder tramital y de policía en nuestro país es la ANMAC (ex RENAR) y debemos diferenciar dos cuestiones básicas: la tenencia y la portación. Lo más normal para un ciudadano común es lograr la tenencia y transporte de un arma que se hace bajo condiciones especiales de seguridad (descargadas, separadas de la munición y hasta en algunos casos sin cerrojos ni mecanismos de amartillamiento) y lo más extraordinario y/o restringida es la portación, o sea, cargar un arma en condiciones de ser disparada/usada de manera inmediata. Para el primer caso hay una serie de requisitos que vamos a enumerar y para la segunda, además de esos requisitos básicos se suman otros extraordinarios.

A diferencia de EEUU, por ejemplo, donde comprar un arma es fácil, en Argentina es muy complicado, difícil, insume mucho tiempo, es oneroso, engorroso y exigente. Nótese que en el país del norte en 4 días cualquiera puede tener un arma en su casa, en Argentina puede tardar 4 o 5 meses siempre que esté todo bien con el peticionante y sea Legítimo Usuario. Solo para ser Legítimo Usuario el tiempo estimado entre trámites y evaluaciones, fluctúan entre los 4 y 5 meses más especialmente si el solicitante es del interior.

En nuestro país no se puede pensar en adquirir un arma de fuego, sin haber obtenido previamente, la licencia habilitante (CLU- Cédula de Legítimo Usuario) que es (comparativamente) el carnet de conductor en un automovilista.

En éste último caso, el ciudadano debe realizarse una serie de estudios médicos y de aptitud de manejo para tener el carnet que lo habilite a andar por las calles manejando un vehículo; sin embargo cualquiera puede comprar un auto sin carnet; pero nadie puede usar ni comprar un arma legalmente sin CLU (Credencial de Legítimo Usuario) y para llegar a esto, antes de iniciar cualquier trámite, debe instruirse durante un mes o un mes y medio, en práctica, manejo y seguridad de las armas.

Trámites largos y costosos

De acuerdo a lo que figura en la ANMAC y a lo que cualquier ciudadano puede acceder vía internet donde hoy se realizan la mayoría de los trámites, lo primero a conformar es la “Solicitud de Legítimo Usuario Individual Agencia de Seguridad”, siguiendo el ejemplo anterior, sería la tramitación del carnet de conductor y que, en nuestro caso, posteriormente nos llevará a estar habilitados para ir a una armería.

En principio se llena una planilla (electrónica) muy extensa con datos muy precisos, concretos y comprobables del solicitante, de acuerdo a lo que establece el Manual de Solicitudes Electrónicas, valorizada según lo estipulado en la normativa vigente (Disp. 35/14); luego se debe hacer una acreditación del estado de salud psicofísico del potencial usuario, que desde el 15 de agosto lo debe tramitar ante el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos (Res. ANMAC N° 23/16).

En el resto del país se debe cumplimentar un examen psicológico o psiquiátrico realizado por psicólogo o psiquiatra matriculado y habilitado.

En el formulario constan:

Lugar y fecha de emisión
Nombre, apellido, domicilio y teléfono del profesional
Número de matrícula profesional y organismo que la expidió
Certificación que el solicitante se encuentra psicológica o psiquiátricamente APTO para la tenencia de armas de fuego.
Firma y sello del profesional
En el caso de que la certificación sea emitida por psicólogo de la provincia de Buenos Aires, la misma tiene que ser intervenida por el colegio de sicólogos de la provincia.
Examen físico: realizado por profesional médico matriculado y habilitado. En el formulario deberá constar: Lugar y fecha de emisión; Nombre, apellido, domicilio y teléfono del profesional; Número de matrícula profesional y organismo que la expidió
Certificación que el solicitante se encuentra físicamente APTO para la tenencia de armas de fuego; Firma y sello del profesional.

La validez de dicho certificado es de sesenta (60) días desde su expedición, debiendo presentarse ante la ANMaC. Si se deja vencer el término, el peticionante debe reiniciar todo.

Paralelamente se debe acreditar idoneidad en el manejo de armas de fuego, que deberá certificarse en el formulario impreso emitido por medio de la solicitud electrónica de credencial de Legítimo Usuario.

Para esto el futuro usuario debe concurrir a un lugar autorizado (Polígono de la policía o Tiro Federal) en el cual se debe someter a un curso de aprendizaje en el manejo, técnicas y seguridad de las armas de fuego. Este puede durar entre un mes a un mes y medio.

“Solicitud para la adquisición de un arma de fuego”

Este trámite se hace cuando uno decide adquirir un arma de fuego y si bien se ha facilitado convenientemente mediante la digitalización de los formularios, implica un tiempo de entre 2 y 4 meses, desde que se paga un arma en un comercio, siempre que el usuario sea legítimo y no tenga inconvenientes judiciales para tramitar su tenencia y el momento en que, terminados los trámites, la armería le entrega el arma al adquirente (téngase en cuenta que en EEUU solo tardaría 72 horas en llevarse un arma de fuego de un supermercado).

En la documentación respectiva que se debe confeccionar figura:

Factura de compra con datos completos del arma y del vendedor
Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad de LU (Legítimo Usuario)
Certificado de Antecedentes Judiciales: Certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencias, donde se deje constancia que no registra antecedentes penales.
Acreditación de medio lícito de vida: Copia certificada del último recibo de sueldo percibido por el usuario Colectivo, o en su defecto, la Constancia de Alta Temprana.
Acreditación de domicilio real: Fotocopia certificada del documento de identidad en el que conste su domicilio actual. De lo contrario, se deberá presentar una constancia de domicilio emitida por la autoridad competente.

La compra de munición también está sujeto a un proceso de formalización, trámites y formularios y se debe solicitar por cada calibre sobre el cual se haya solicitado tenencia, a través de la solicitud electrónica (Disp. 311/13). La misma permite adquirir un mil (1.000) municiones por calibre autorizado para armas de uso civil y uso civil condicional. Para las municiones de armas de ánima lisa y el calibre .22LR, la cantidad es de dos mil quinientas (2.500), según Disp. 119/04.

El Registro de Consumo de Municiones mantendrá su validez mientras se mantenga vigente la condición de Legítimo Usuario de su titular, debiendo solicitar su renovación cuando la misma agote su capacidad de registración de nuevas adquisiciones (Disp. 119/04). Esto significa que aún teniendo un arma legal, ningún usuario puede adquirir municiones de ese calibre si no posee la “Tarjeta de Munición”, que funciona como control entre los que la venden (armerías) y quien las consumen (usuarios legítimos).

Más restricciones

No obstante todo lo mencionado anteriormente, una vez obtenido el registro y el apto para la condiciones de adquirir un arma, el adquirente debe firmar con carácter de declaración jurada y sujeto a revisión/inspección en cualquier momento de la ANMAC, todo lo referente a la seguridad que le brindará a las armas que posea en su poder (caja fuerte, armero, habitación blindada, etc), ante lo cual, se ha procedido a categorizar a los tenedores en A1, entre 1 y 9 armas y A2 cuando superen ese número. Esto tiene como fin prevenir el robo de armas en domicilios particulares.

Otra restricción más

Otra fuerte restricción que tiene nuestro país para el ciudadano es la adquisición de armas dentro de lo que se denomina Decreto 64/95 y las Disp. 023/99 y 031/99 los cuales establecen un régimen restrictivo respecto de la adquisición y tenencia de determinadas armas, de acuerdo a la cadencia de fuego (están prohibidas las armas automáticas) el largo del cañón, si son militares, calibres prohibidos etc.

Y una más

Si al lector le parece poco todo lo que ha leído, es porque evidentemente nunca se sometió al cumplimiento de estos requisitos, pero le vamos a decir que además de todo lo expuesto, cada adquirente de arma o Legítimo Usuario que desee renovar su permiso o cada vez que compra un arma, la ANMAC lo hace figurar por aproximadamente un mes en el “Sistema de Control Ciudadano para Autorizaciones”, que es un listado on-line de proponentes donde figura nombre y DNI, el cual recibe denuncias anónimas sobre cada uno, de manera tal que (por ejemplo, alguien que pudiera ser acusado de violencia doméstica) pasa directamente a ser causal de no renovación y/o autorización de parte de las autoridades competentes lo cual puede hacer caer automáticamente su estatus y ponerlo en una situación de ilegalidad en la que podría ser obligado a entregar sus armas al Estado o el armamento de su propiedad podría ser requisado por orden judicial.

La última, económica

Como verá el lector menos informado al respecto, tener un arma en Argentina es un tema bastante complejo a lo cual debemos agregarle lo caro que resulta llegar a cumplir el costo tramital (LU unos 4.500 pesos más $ 2.500 los trámites de tenencia) sin contar la del arma en sí misma, lo cual hoy (en nuestro país) ronda entre los 800 y 2.000 dólares, de acuerdo a la marca, el calibre y el tipo.

Conclusión: uno puede entender que haya una parte de la sociedad que no adhiera a las armas; puede entender que un periodista o comunicador social esté en contra de las armas por cuestiones ideológicas e inclusive que haga campaña en contra de quienes se inclinen por su uso deportivo; lo que no se puede tolerar es la ignorancia y los errores por desconocimiento, eludiendo la lectura básica que nos puede confrontar con la realidad, lo cual constituye lisa y llanamente: desinformación.

Decir que en nuestro país es fácil tener un arma es una mentira absoluta. Esto solo puede partir de la mala fe o de un acto total de ignorancia de quien tiene la obligación de apegarse a determinados códigos éticos como es el de informar para que las decisiones las tomen los otros.

El gran problema en este caso es que se confunde las armas legales con las ilegales. El Estado tiene pleno registro de todos los Legítimos Usuarios, sabe quiénes son, cuántos son, que tienen en sus armeros y dónde están, pero de los delincuentes no sabe nada y si sabe, como en muchos casos sucede, no los busca ni los combate.

Cuando en un acto de vandalismo, crímenes o masacres del narcotráfico, robo a camiones blindados o piratas del asfalto, vemos la aparición de armas “exóticas” (no porque sean raras sino porque no son admitidas en el comercio nacional) como pistolas ametralladoras, fusiles de asaltos, lanzagranadas, fusiles de alto poder (calibre 50), etc esas armas no son del circuito legal, por lo tanto, son ilegales, es decir, ingresaron por puertos o fronteras de contrabando, eludiendo la acción del Estado, principal responsable de que esas armas anden en las calles en manos anónimas y sean utilizadas en contra de la sociedad.

Es incompatible con el buen criterio y las políticas públicas serias, salir a confrontar y apretar o acorralar con exigencias a los Legítimos Usuarios, para dar una respuesta demagógica a la inseguridad ante la opinión pública, porque es como cazar en un zoológico. Lo ideal sería que el Estado se dedique a desarmar a los chorros, a los criminales y persiga a los traficantes; y si como dicen, lo están haciendo, bueno, que se esfuerce un poco más.

La destrucción de armas ilegales es una medida muy buena, porque ayuda a sacar del circuito a las armas del delito/ilegales, sin embargo la ley de Desarme que la instrumenta es altamente cuestionable y la hemos tratado en este espacio, precisamente, porque no ha surgido de un consenso de parte que no solo estén interesados en el desarme, sino que sepan de lo que hablan cuando se habla de desarmar a la sociedad.

Por todo esto, cuando en televisión se habla tan livianamente de la “facilidad” que hay en nuestro país para adquirir un arma, se está mintiendo a la sociedad; se le está dando un punto de vista personal, falaz y sin apoyo fáctico.

Las prohibiciones deben ejercerse sobre los ilegales, los desapegados a las leyes y sobre quienes hacen negocios oscuros desde el poder o usufructúan beneficios diferenciados aprovechándose de estatus social/político , fíjese el lector que los funcionarios, diputados y senadores, solo por poner un ejemplo, están exentos de cumplir con los requisitos que describimos en esta nota, en todo caso, su “obligación” se circunscribe a un mero formalismo tramital “morigerado” donde los requisitos son atenuados como si su investidura los embebiera de condiciones excepcionales que los aleja de desequilibrios mentales o emocionales, de ser transas, psicópatas o criminales y tuvieran garantizada la estabilidad emocional o fueran impermeables a los problemas, sentires y pasiones de los demás mortales.

Esto, en la Argentina de hace muchos años atrás se llamaba: impunidad. Es cierto que siempre la hubo, pero bien, si queremos crecer como república y ser una sociedad organizada y pujantes, debemos liberarnos de los prejuicios, las mentiras y ser más equitativos a la hora de legislar en el Congreso. 
 
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz

DEJE SU COMENTARIO

campos obligatorios

Por favor, ingrese el siguiente código y luego haga click en botón de envío. Gracias.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.