Jueves, 25 de Abril de 2019

Inform. General

Mendoza

Doble crimen de las israelíes: cómo hizo Gil Pereg para acceder a más de 40 armas

El ex militar y empresario tenía el certificado de legítimo usuario al día, aunque lo solicitó en una época de controles cuestionables.

06.02.2019

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Mientras se termina de esclarecer el móvil del doble crimen de su madre y su tía, cada detalle de la misteriosa vida de Gil “Nicolás“ Pereg es una historia en sí digna de ser analizada. En este caso, cómo fue posible que un ciudadano israelí, con hábitos al borde de la indigencia, de violento comportamiento (es público su odio a los perros y sus peleas barriales) y con dinero de dudosa procedencia, accediera a un permiso legal para la tenencia de más de 40 armas.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar) es el organismo estatal encargado de registrar, regular y autorizar a ciudadanos para que accedan a la tenencia y portación de armas de fuego y explosivos. Cada mayor de 21 años puede tramitar una Credencial de Legítimo Usuario (CLU) -como si fuera el registro de conducir-, que tiene una vigencia de cinco años previo al cumplimiento de una serie de requisitos: examen psicofísico, curso de manejo de armas, conocimiento de la Ley 20.429 y la carencia de antecedentes penales.

Este proceso, que se realiza en las delegaciones de cada provincia, fue solicitado en 2014 por el israelí Gil Pereg, hoy imputado por los asesinatos de su madre y su tía, Pyrhia Sarusi (63) y Lily Pereg (54). Teniendo en cuenta que el hombre de 36 años tenía un arsenal en su casa, y ante la falta de información de quién declaró “apto” al hombre a acceder a armas de fuego, no faltó aquel que se preguntara por la falta de seguimiento sobre los usuarios.

Fuentes consultadas por Los Andes precisaron que Gil Pereg tenía su CLU al día, ya que su vencimiento es en junio próximo. En consecuencia, Pereg estaba habilitado a ser un tenedor de armas de fuego, al igual que los 22.147 mendocinos autorizados y las 596.870 personas armadas de forma legal a nivel país, según datos oficiales.

En la época en que él tramitó su certificado, el examen psicofísico estaba a cargo de un profesional médico contratado por cada armería y/o club de tiro, al que podía acudirse para responder preguntas de tipo “qué animal querrías ser” o dibujos de interés para la evaluación del psiquiatra.

Tampoco se descarta que el ex militar se hubiera valido de la firma de un médico particular y que éste diera fe de que carecía de algún tipo de patología. “Pero si hoy le preguntaras a ese profesional no tendría sentido porque en aquel entonces lo vio lúcido”, señaló un especialista, respecto a los cuestionamientos que podrían hacerse en retrospectiva.

Todo en regla

Con el CLU en mano, Pereg pudo acceder luego a la compra de unas 42 armas de puño (pistolas y revólveres), un destacado arsenal que mantenía bajo estricta protección en su precaria vivienda frente al cementerio municipal de Guaymallén. Y si bien resultaban llamativas sus extremas medidas de seguridad, la misma regulación así lo establece en caso de ser tenedor de semejante cantidad de armas.

Él también tramitó una tarjeta de tenencia por cada una de ellas. Sin embargo, ésta funciona como credencial de propiedad. Es decir, no lo habilitaba a andar armado por la calle, sino a transportar sus herramientas de "defensa" sin municiones (o en bolsos diferentes y por separado), además de declarar fines lícitos (caza o tiro deportivo).

Además de las dudas acerca de su aptitud, también sorprende que Pereg aprobara con éxito el certificado de medios lícitos, cuando su situación económica distaba bastante de ser la más ordenada y transparente. Pero con la constancia de ingresos, fue más que suficiente: el israelí creaba sociedades de empresas que luego vendía con amplias ganancias de por medio.

“Cuando se relajan los controles estatales sobre quienes entregan los certificados, se termina haciendo de una forma no idónea o al estilo fábrica de chorizo: con tal de vender, se da la aptitud a cualquiera. En el caso de Pereg, quizás él no tenía un trastorno psiquiátrico y hubiese otro interés de fondo. Pues bien, está demostrado que con el examen psiquiátrico no es suficiente”, reflexionó Martín Appiolaza,director de Prevención, Participación y Derechos Humanos en Godoy Cruz y referente en la problemática de armas.

Fuente: Redacción de Los Andes

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